(BUENOS AIRES).- «El Gobierno va a ceder, pero no en todo; se irá hacia un punto intermedio«, reconocieron en las últimas horas fuentes de la Casa Rosada. Tras los reclamos del PRO y la UCR y la interna desatada por el capítulo de Discapacidad, el Presupuesto 2027 pasará por cambios: el Gobierno nacional aceptó revisar las partidas de ese rubro y de Universidades, sin abandonar la pauta de equilibrio fiscal que defiende Javier Milei.
En el frente de discapacidad, el oficialismo buscará evitar la extensión de la Emergencia Nacional en Discapacidad (Ley 27.793), que vence el 31 de diciembre de 2026 y puede prorrogarse un año. A cambio, ofrece acordar un refuerzo de fondos, mantener las compensaciones reclamadas por los prestadores por el atraso acumulado entre 2023 y 2024 y fijar un esquema permanente.
«Vamos por un texto consensuado que pase de una situación de excepcionalidad (como la ley de emergencia) a una de permanencia. Estamos trabajando intensamente en lograr un buen dictamen», señaló una alta fuente de la gestión nacional.
Uno de los puntos más conflictivos es el nomenclador: el texto que llegó a Diputados elimina la actualización obligatoria de las prestaciones y habilita a obras sociales y prepagas a fijar sus propios valores sobre la base de un piso. Esa modificación, que salió del Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo y no se habría acordado en la mesa política del Gobierno, según planteó la senadora Patricia Bullrich, quedó ahora en revisión. Mientras tanto, la Secretaría Nacional de Discapacidad oficializó el viernes una suba del 1,7% para septiembre, calculada sobre el IPC de agosto, y ratificó el adicional del 20% para la zona patagónica.
Para destrabar el conflicto, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantuvo una reunión virtual con la diputada de La Libertad Avanza Laura Rodríguez Machado, encargada de la negociación con los aliados, a la que luego se sumó el jefe de Diputados, Martín Menem. De esa conversación salió el punteo que el Ejecutivo pondrá sobre la mesa. Si los aliados aceptan, la intención oficial es conseguir un dictamen favorable el miércoles próximo, y fuentes de la administración lo resumieron así: «Lo que acordemos tendrá que ir al presupuesto en la misma línea».
Universidades y el frente judicial
En el capítulo universitario del Presupuesto 2027, el proyecto oficial asigna $7,349 billones para funcionamiento, inversión y programas especiales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama $11 billones. La diferencia de $3,65 billones será uno de los ejes de la negociación parlamentaria. Desde el Ejecutivo no plantean aceptar automáticamente la cifra del CIN: la estrategia es negociar un monto superior al enviado originalmente y buscar que las casas de estudio lo reconozcan como suficiente.
El punto judicial pesa en el cálculo oficial. La Ley 27.795 estableció mecanismos de recomposición salarial y actualización del financiamiento universitario, pero el Gobierno y los rectores mantienen interpretaciones distintas sobre cuánto debe pagarse y con qué partidas: la UBA sostiene que el Presupuesto no contempla el cumplimiento integral de la ley ni de las decisiones judiciales que reclama.
En la Casa Rosada confían en que una asignación acordada por el Congreso permita reconfigurar el escenario que dio origen a las cautelares, aunque cualquier cambio deberá tramitarse dentro del expediente judicial.
El Gobierno admite que deberá conceder recursos en ambos capítulos, pero todavía no definió los montos finales ni qué modificaciones aceptará. La meta es cerrar acuerdos durante el tratamiento del Presupuesto 2027 en Diputados, con la mesa política del martes próximo como primera prueba, para evitar que ambas discusiones terminen en nuevas derrotas legislativas.
